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UNIS/NAR/1186
19 de noviembre de 2013

 La JIFE expresa su preocupación por el proyecto de ley sobre el cannabis en Uruguay

VIENA, 19 de noviembre de 2013 (Servicio de Información de las Naciones Unidas) - La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha observado con preocupación que al Gobierno de Uruguay no le fuese posible enviaruna delegación al recién concluido período de sesiones de la Junta, para discutir el estado del cumplimiento por el país de los tratados de fiscalización internacional de estupefacientes.

La JIFE continúa preocupada por el proyecto de ley que está siendo considerado en Uruguay y que de aprobarse legalizaría la producción, venta y consumo de hierba de cannabis con fines no médicos. El Presidente de la JIFE, el Sr. Raymond Yans, señaló que "esto contravendría lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual ha sido adoptada por 186 países, incluyendo Uruguay". El Sr. Yans añadió que "la hierba de cannabis está controlada debido a sus potenciales efectos de dependencia" y porque "de continuarse el desarrollo actual en Uruguay, tendría serias repercusiones para la salud pública, particularmente para la juventud, además de ser una violación de los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes de la ONU."

El Presidente de la Junta concluyó que "la JIFE espera que el Gobierno de Uruguay busque reanudar el diálogo con la JIFE a  la mayor brevedad posible, antes de que avance el proyecto de ley en el país". En el desempeño de su mandado, la Junta está comprometida al diálogo continuo con todos los Gobiernos, incluido el Gobierno de Uruguay, para asegurar la aplicación universal de las tres convenciones internacionales de fiscalización de estupefacientes.

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La JIFE es el órgano de fiscalización independiente y cuasijudicial, encargado de promover y vigilar la aplicación por los Gobiernos de los tratados internacionales de fiscalización de droga: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

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